Debido a los cambios en política pública, Puerto Rico goza hoy de un marco legal robusto y flexible para enfrentar los cambios transformativos que implica la transición energética que vivimos. A raíz de este nuevo ordenamiento legal y reglamentario existe un dialogo constructivo entre los líderes del sector público, las empresas generadoras de la Alianza Pro Desarrollo Energético y otros colegas de la industria eléctrica del país. Sobre esos cimientos construimos juntos un futuro de bienestar social y desarrollo económico, por lo que la Alianza impulsa una política pública enfocada en varios temas medulares:

• Mantener una legislación moderna y un Plan Integrado de Recursos que permita acelerar la estabilidad del sistema, con costos razonables de producción y energías más limpias.
• Mejorar y acelerar el proceso de licitación y permisos para nuevas plantas y otros aspectos de la infraestructura eléctrica.
• Sustituir los 500 megavatios que produce la planta termal de AES en Guayama por tecnologías que combinen renovables y flexibilidad, manteniendo la competitividad en costos de producción.
• La estabilidad en el régimen tarifario, cónsono con la equidad social y la competitividad comercial e industrial.
• Completar la transición financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica con el fin de regresar al mercado de capital y facilitar nuevas inversiones en el sistema.
• De inmediato, colaborar estrechamente con las agencias locales y federales para invertir los fondos disponibles de la forma más segura, limpia, acertada y acelerada posible, así como acceder nuevos fondos según sea necesario.